Los miles de emigrantes venezolanos a la deriva y en tierra de nadie, entre la frontera sur de Estados Unidos y Colombia, han recuperado parte de la esperanza perdida.
El juez federal de Columbia Emmet Sullivan ha anulado el polémico Título 42, por «arbitrario y caprichoso», que permitía la expulsión inmediata de los emigrantes que entraban de forma irregular y sin papeles a los EE.UU., ya fuera atravesando el Río Grande, superando el famoso muro o entregándose directamente a las autoridades.
Su aplicación será inmediata, incluso si el gobierno apela la sentencia. La medida favorece a todos los emigrantes, incluidos los venezolanos, y supone un enorme desafío para la administración de Biden tras el respiro electoral.
Donald Trump impuso este decreto con la excusa de la pandemia y Joe Biden nunca lo derogó, aunque sus funcionarios suavizaron durante meses las expulsiones y redujeron los trámites para que los emigrantes siguieran su camino.
La oleada migratoria de venezolanos, que crecía sin parar mes a mes, provocó que Washington cerrará hace un mes su frontera a cal y canto para los criollos, que buscaban desesperados la Tierra Prometida.
La medida drástica, al amparo del Título 42, ocurrió en vísperas de las trascendentales elecciones parlamentarias y a gobernadores. Durante semanas los republicanos usaron la emigración como arma arrojadiza contra los demócratas, incluso los gobernadores de Texas y Arizona enviaban autobuses con venezolanos en dirección a Nueva York y otros estados del este.
A cambio, Washington ofreció a los venezolanos un nuevo programa de 20.000 permisos humanitarios al año para entrar por avión y con patrocinadores en el país, entre otras medidas, imposibles para quienes se la habían jugado todo para llegar a EEUU. Las autoridades ya han entregado 6.800 permisos en estas primeras semanas y 490 han viajado a su país de acogida.
Las cifras oficiales de octubre corroboran la importancia de esta herramienta para el gobierno: los agentes fronterizos detuvieron a más de 230.000 migrantes y de ellos casi 80.000 fueron expulsados sin derecho a defensa. En total, desde su puesta en marcha durante la pandemia, se calcula que más de un millón de emigrantes llegados de México, Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela fueron rechazados.
