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El sistema bananero ecuatoriano,
una puerta abierta al narcotráfico

Lo que estaba declarado como un contenedor lleno de banano ecuatoriano de exportación escondía bloques de droga en los paneles de refrigeración. Tras descubrirlo, el 8 de mayo de 2023, la Policía informó que solo en ese contenedor había más de 44 kilos de cocaína con destino a Bulgaria. Apenas quince días después y también en el puerto de Guayaquil, se frustró el envío de más de dos toneladas de cocaína que iban rumbo a Alemania camufladas en cajas de la misma fruta.


Y entre uno y otro decomiso, la Policía Financiera Italiana incautó 2.734 kilos de cocaína metidos en cajas de banano que habían salido de Guayaquil con destino a Armenia. El cargamento ilegal fue interceptado durante una escala en el puerto de Gioia Tauro, en Calabria, sur de Italia.

La fruta ícono de Ecuador es apetecida por los narcotraficantes por el volumen de envíos y las rutas de exportación. Un sistema permeable y desactualizado, una revisión insuficiente de las cargas y la impunidad que ronda la mayoría de los decomisos de droga muestran la incapacidad del Estado para enfrentar esta nueva plaga.

Los representantes legales de las empresas registradas como exportadoras de esos cargamentos contaminados no están siendo investigados en Ecuador. Son varios los casos que reflejan la impunidad en el sistema judicial ecuatoriano frente a personas que han usado la exportación de banano como fachada para el narcotráfico sin mayores trabas de parte del Estado.

Es el caso del albanés Arber Cekaj, quien registró la empresa Arbri Garden en 2012. Tres años después un conductor que transportaba uno de los contenedores con su carga hacia el puerto de Guayaquil fue detenido por tráfico de sustancias ilícitas en Milagro, a una hora de su destino.

Dentro del contenedor había ocho ladrillos con cocaína que pesaron 28 kilos, según detalla el expediente. El chofer alegó que no estaba conduciendo el camión, sino que este estaba estacionado, y que su trabajo consistía únicamente en transportar carga de banano hacia los puertos. El chofer fue declarado inocente y recuperó su libertad.

Cekaj, en cambio, fue vinculado al proceso 23 días después de la detención del conductor, puesto que la Fiscalía lo conectó con la manipulación de la carga cuando compró la fruta en una hacienda de Milagro. Se pidió su captura, pero el albanés nunca compareció personalmente y evadió la justicia ecuatoriana.


Arbri Garden siguió exportando banano por tres años más hasta que Cekaj fue detenido en 2015 en Albania por otro envío contaminado que salió desde Colombia. El caso abierto por narcotráfico en Ecuador aún no ha sido sancionado, y la empresa ya no consta en el registro de exportadores.


Una investigación de TC Televisión y CONNECTAS revela que las vulnerabilidades del sistema Unibanano —que debería regular la exportación de la fruta—, y en general, de los protocolos del Ministerio de Agricultura, de la Policía Antinarcóticos y de los operadores de justicia fomentan la exportación de droga desde el Ecuador en cargamentos de banano.


Antinarcóticos revela que de los 326 decomisos de droga en carga de banano en los últimos cinco años, detectaron a 127 empresas responsables y 60 de esas son reincidentes en el hallazgo del alcaloide en envíos de la fruta.


Datos cruzados del Ministerio de Agricultura, que autoriza y regula la exportación de banano, y de la Policía Antinarcóticos, evidencian que hay más de una decena de empresas que mantienen esos cupos pese a que se les ha hallado droga en sus mercancías.


La falta de seguimiento articulado de las instituciones para los casos de decomiso de droga en banano motiva una cadena de corrupción que va desde los organismos del Estado, pasando por los transportistas y llega hasta los puertos, de acuerdo con el fiscal especializado en Antinarcóticos, César Peña.


En 2022, el entonces subsecretario de Musáceas y ahora viceministro, Paúl Núñez, denunció a la Fiscalía que el sistema Unibanano había sido manipulado: durante ocho años un predio ficticio registró la exportación de más de un millón de cajas de banano todas las semanas. Al interior del Ministerio se despidió a la cadena de empleados encargados de la gestión del sistema Unibanano, pero luego reintegraron a la mayoría de los funcionarios.


Todo esto ocurrió sin tener certeza de cómo se manipuló el sistema y quiénes son los responsables, porque la denuncia por tráfico de influencias que involucra al sistema Unibanano no ha registrado avances en el portal de la justicia ecuatoriana.


Pese a que las autoridades ya conocen esas vulnerabilidades, la inacción de varios organismos del Estado en la cadena de exportación de banano deja la puerta abierta para el envío de droga. Además, ensucia la reputación de la fruta insignia de este país.


Ecuador ganó prestigio en los años cincuenta como el primer exportador mundial de banano. Desde entonces, esa fruta fue el primer producto de exportación no petrolera del país aunque, en 2022, lo desplazó el camarón.


Pero a esta fruta cada vez la miran con más recelo en los puertos internacionales. De las 77 toneladas de alcaloide decomisadas en todos los puertos de Ecuador en 2022, el 61% corresponde a envíos de banano. El año pasado, hubo un incremento de 233% en los decomisos de droga en la carga de la fruta pese a que las exportaciones decayeron en un 12% en ese lapso.



El narcotráfico ha representado una verdadera plaga para los productores y exportadores de banano. José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, informa que el sector privado ha invertido más de 100 millones de dólares en mejorar la seguridad, pero que hace falta que el sector público también haga su parte.


“Es un gran reto el de la contaminación (con droga), porque al ser el producto que más volumen tiene en el país, con el 66% de los 7.000 contenedores de manera semanal, con rutas que van en un 40% hacia Estados Unidos y Europa, va a haber mucho más riesgo”, menciona Hidalgo.


Productores y exportadores de banano coinciden en que es vital actualizar el software del sistema de control bananero, que actualmente permite irregularidades en el uso de cupos de exportación y embarques falsos que perjudican a productores, además de alentar el narcotráfico y la defraudación tributaria.


En 2022, el entonces ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, prometió tener lista la actualización del sistema Unibanano para marzo de 2023. Pero el funcionario renunció después de que se le cuestionaran sus conexiones con Rubén Cherres, un empresario vinculado a mafiosos albaneses y asesinado en Santa Elena en 2023. Desde entonces, Eduardo Izaguirre asumió esa cartera de Estado.


Hasta el momento, la prometida actualización no se ha concretado. A la luz de documentos internos del Ministerio, se estima que llegaría recién en noviembre de 2024. Hasta tanto, y en palabras del ministro, los escasos controles de la cadena de producción de la fruta ícono de Ecuador, se realizan con “lápiz, borrador y una calculadora”.

Un sistema vulnerable


En Ecuador hay 279 empresas autorizadas para enviar al mundo un promedio de ocho millones de cajas de banano cada semana. Ese número incluye a asociaciones de productores que tienen tierras, exportadores que les compran la fruta a estos y comercializadoras.


En 2012, en Ecuador se implementó el sistema de cupos de exportación para controlar que la oferta de la fruta no afecte el precio con el que se vende en el mercado internacional y mantener la competitividad. Desde hace más de diez años, el sistema de control bananero les da un cupo acorde con la cantidad de hectáreas sembradas, regula el precio anual de la caja de banano, regulariza los contratos entre productores y exportadores y realiza el catastro bananero del país.


Para enviar la fruta al exterior se requiere estar registrado como exportador o como asociación de productores con hectáreas registradas y productivas, y -en teoría- se hace una verificación en territorio de que realmente se usa esa tierra para la producción de banano.


​​​​En cuanto a las compañías comercializadoras, estas deben suscribir contratos de compra venta con los productores y luego deben presentar ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería garantías bancarias que demuestren que pueden respaldar esos contratos. El cupo de exportación dependerá de las garantías bancarias y del número de cajas contratadas.


El problema es que en el sistema se cuelan exportadores y negocios fantasma, que no tienen tierras ni producción bananera, pero sí cupos para enviar la fruta.


En 2022, una auditoría que realizó la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) detectó debilidades en la seguridad del sistema Unibanano. En octubre de ese año, un funcionario del Ministerio de Agricultura presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un supuesto tráfico de influencias.


Dentro de la denuncia se explica que el Ministerio le asignó un cupo para exportar banano a un predio de 20 mil hectáreas, el equivalente a 20 mil canchas de fútbol, que no existe en ninguna parte del país. Ese exportador fantasma registraba envíos de un millón 200 mil cajas ficticias todas las semanas.


Lo más raro es que el predio autorizado entre 2014 y 2022 como exportador de banano estaba a nombre del Ministerio de Agricultura, aunque ni este ni el Estado, en general, producen o exportan la fruta directamente.


“El control —de los datos consignados— es inexistente porque no hay suficiente personal para esto, razón por la cual tampoco siguieron auditando”, dice un alto exfuncionario del Ministerio de Agricultura que pidió la reserva de su nombre.


En ese sistema, que depende de la Subsecretaría de Musáceas del Ministerio de Agricultura, trabajan menos de 30 personas que son designadas por el ministro y sus cargos son de libre remoción.


Paúl Núñez Antón, actual viceministro de Desarrollo Productivo, corroboró que las falencias permiten toda clase de irregularidades: que unas compañías le presten el cupo a otras, que haya embarques falsos y exportaciones fuera de contrato. “Tenemos 279 compañías catastrales entre comercializadoras, asociaciones de productoras y exportadoras. Entonces, a medida que van saliendo las auditorías, nos vamos dando cuenta de qué es lo que hay. Encontramos códigos que ni siquiera existen, fincas que no existen…”, indicó.


A pesar del conocimiento estatal sobre estos vacíos, la denuncia por tráfico de influencias que involucra al sistema Unibanano no registra avances en la justicia ecuatoriana. Incluso, uno de los dos funcionarios señalados sigue trabajando en el Ministerio y está allí desde el año 2021.


El ministro Eduardo Izaguirre dijo que la manipulación del sistema fue interna y que despidieron a 17 funcionarios de esa unidad, pero el viceministro Paúl Núñez aclaró para esta investigación que, de esas 17 personas, 10 fueron reintegradas.


En la lista oficial de 279 empresas autorizadas para exportar banano hay vacíos de información y evidentes inconsistencias. Hay una empresa que tiene el establecimiento cerrado, según el Servicio de Rentas Internas y varias compañías que reportan una misma dirección. Además, el Ministerio de Agricultura reportó que hay 40 productoras que no tienen registrada una dirección en el sistema de control bananero.



La actualización del sistema de control bananero es un pedido reiterado de exportadores y productores. “Es claro que por escrito, y varias veces, le hemos dado seguimiento a este tema en cada una de estas transiciones de cuatro ministros que ha habido en Agricultura en dos años”, menciona José Antonio Hidalgo, líder de los exportadores bananeros.


Esto permitiría, por ejemplo, que el código para identificar a las empresas autorizadas para exportar sea el Registro Único de Contribuyentes al fisco ecuatoriano (RUC) y que eso esté entrelazado con el sistema del Servicio de Rentas Internas y las Aduanas, para evitar defraudación tributaria.


Pero esa articulación no está ocurriendo y un sector de productores bananeros considera que esto responde a un “tráfico de cupos” que podría favorecer a quienes tengan el dinero para costear un lugar para exportar.


Presley Andrade, bananero de Mariscal Sucre, en Guayas, denuncia que particulares “piden entre 400 y 600 dólares por hectárea. Nosotros no necesitamos que se cambie el ministro, simplemente que se tenga la voluntad política de cambiar el software. Son millones de dólares que se van a su bolsillo, porque aquí están los hombres del maletín”.


La mayoría de las empresas que actualmente tienen cupo de exportación de banano fueron creadas entre 2013 y 2023: 169 compañías. Es decir que el tiempo que tiene vigente el sistema de control bananero coincide con un incremento en la creación de empresas con cupo de exportación.


El fiscal especializado en antinarcóticos, César Peña, también apunta que en sus investigaciones ha establecido que los mafiosos compran los cupos de exportación a exportadores, productores y comercializadoras autorizadas. “Por ejemplo, yo soy productora y los narcos me dicen que me pagan el doble del precio para usar tu cupo de exportación y tu fruta, pero a ellos no les interesa el banano, sino el cupo”.


Según los funcionarios del Ministerio de Agricultura, esta venta de cupos no es ilegal. Si una exportadora iba a mandar 100 mil cajas y le anulan el pedido, otra exportadora puede hacer el negocio y mandar esas 100 mil cajas con su marca. “Sí, eso se llama venta. Y también podía ser utilizada para distorsionar”. El ministro Eduardo Izaguirre explica que encontraron que esa venta de cupos ocurría en el 50% de los casos y que la han reducido hasta el 10%, “porque tampoco podemos quitarle a las exportadoras la posibilidad de ayudarse entre ellas”.


Las vulnerabilidades del sistema y sus efectos han sido reportados al Gobierno ecuatoriano. Segundo Solano, vicepresidente de la Federación Nacional de Productores Bananeros del Ecuador (Fenabe) dice que informaron de esto al Gobierno del presidente Lasso en 2022. “No se ha cambiado el software y se lo está contratando desde que llegó el primer ministro, y van cuatro ministros. Que está en licitación, que ya viene, pero no hay el interés de cambiar y de transparentar este negocio, y el Estado se ve perjudicado en esto”.


El ministro de Agricultura reconoció las fallas en una entrevista para esta investigación y alertó los retos: “El número de variables que hay dentro del sistema es enorme y quien tiene que construirlo tiene que garantizarnos que no va a haber capacidad de violentar el sistema”.


Por tanto, no será posible contar con un sistema de control bananero fiel por lo menos hasta 2024. “Aquí lo que cuenta es la intención. Si nosotros tenemos que hacerlo con calculadora, con lápiz y con borrador, estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo con las herramientas que tenemos mientras traemos la herramienta que definitivamente va a cortar esto”.



Falta de articulación


Pero el problema va más allá de un problema técnico del sistema. Pasa por la falta de control sobre las empresas que han sido señaladas por decomisos de droga y que pueden seguir exportando. El Ministerio de Agricultura de Ecuador no registra las compañías en cuyos contenedores se haya decomisado droga y, por tanto, no las sanciona.


Nickola Mora, subsecretario de Musáceas, declaró que son temas que maneja exclusivamente la policía de Narcóticos. El Ministerio de Agricultura, explica, podría quitarle el cupo temporalmente y multar a una empresa que no cumpla el contrato, que no pague el precio oficial de la caja (6 dólares con 50 centavos), o que falsee los planes de embarque.


En contraste, el director de Antinarcóticos, Pablo Ramírez dice que, tras cada decomiso “se ha transmitido la información a los respectivos ministerios para que se sigan los trámites correspondientes”.


Pero el ministerio ecuatoriano que otorga los cupos de exportación no tiene ese registro, así como tampoco posee un sistema articulado con el Servicio de Rentas Internas que permita saber si hay inconsistencias en direcciones físicas o anomalías en los tributos.


Antinarcóticos revela que de los 326 decomisos de droga en carga de banano en los últimos cinco años, detectaron a 127 empresas responsables y 60 de esas son reincidentes. Incluso, de acuerdo con una fuente policial, 12 de estas empresas mantienen sus cupos pese a que se ha interceptado narcóticos en más de una ocasión.



Kléber Sigüenza, presidente de la Cámara de Agricultura, dirige un grupo familiar que tiene más de 500 hectáreas de producción de la fruta en cuatro cantones del Ecuador. Admite que le contaminaron su carga con droga en una ocasión, pero no sabe en qué quedó la investigación y que es bien sabido que “se contaminan los contenedores a través de estos cupos”, pero considera que eso no es responsabilidad de los productores ni de los exportadores, sino de redes criminales.


Además, apunta: “Esto nos preocupa porque está en juego la imagen del país, la imagen del negocio en sí, y nosotros tenemos un negocio de largo plazo”.


Recién en abril de este año, Antinarcóticos propuso un protocolo que busca “llegar a una certificación de las empresas exportadoras y de todos los actores en la cadena logística, para obtener una certificación que dé garantías de una exportación libre de contaminación de drogas”. Esto serviría para bajar el número de empresas reincidentes en el envío de alcaloides en banano ecuatoriano.


Pero este protocolo no está en un reglamento y tampoco es una ley, simplemente es un compromiso al que podrían llegar los dueños de las navieras y los patios de contenedores, los productores o los exportadores y los transportistas para colaborar con la Policía y obtener el certificado.


Actualmente, no existen empresas sancionadas por transporte de narcóticos en sus productos, pero el Ministerio de Agricultura sí abrió expedientes administrativos contra dos compañías, en mayo de este año, por más de 100 embarques falsos que permitieron la exportación de banano. En una nota de prensa, esa oficina anunció que estas dos compañías podrían enfrentar multas de más de 80 mil dólares y la suspensión temporal del cupo por 15 días. “A esos [casos] se les va a dar seguimiento porque tenemos que darles también el derecho a defenderse”, concluye el subsecretario de Musáceas, Nickola Mora.


Control deficiente

Hasta mayo de este año, de las 78 toneladas de droga que la Policía había incautado, la mayor parte (43 toneladas) se encontró en carreteras y centros de acopio. Es decir, antes de que la carga llegue a los puertos, según el director de Antinarcóticos.


Por eso, el sector exportador ha propuesto a la fuerza pública y a las instituciones competentes la implementación de protocolos de control de finca a puertos y también ha identificado las rutas con más incidentes y diferentes niveles de riesgo, información que se ha expuesto en mesas de seguridad ante el Gobierno, según la declaración del líder de los exportadores de banano.


Pero, pese a cualquier esfuerzo aislado y a todas las peticiones del sector privado, persisten las dificultades para desterrar al narco de los orígenes de una carga de banano.


Para la Policía ecuatoriana está claro que los puertos están empezando a ser el punto en el que “se aglutinan todos los contenedores que de una u otra manera ya están contaminados”, refiere el director de esa oficina, Pablo Ramírez.


“Desde finales del año pasado realizamos un protocolo de seguridad de la cadena de exportación de banano. Nosotros tenemos información a través de documentos aduaneros que nos ayudan a perfilar ciertos indicadores de riesgo que nos hacen presumir que en el contenedor existiría algún tipo de contaminación”, explica.


Pero no se revisan todos los contenedores que llegan al puerto. El porcentaje de contenedores inspeccionados está entre el 38 y el 40%.


A inicios de año, el Gobierno se comprometió a instalar doce escáneres que revisarán toda la carga de forma más rápida. Al cierre de este reportaje, solo uno funciona en el puerto de Posorja, en Guayaquil, y las autoridades han propuesto una nueva fecha para la instalación de los demás, para septiembre de 2023.



Hasta tanto, se hacen inspecciones aleatorias y manuales. En los casos en los que hay droga, el representante legal de la empresa dueña del contenedor o el responsable es aprehendido y llevado a audiencia para que la justicia siga los trámites administrativos correspondientes.


Pero el proceso puede hacer agua si el representante legal prueba que no conocía la carga y que le contaminaron su contenedor, explica Antonio Gagliardo, exfiscal del Guayas. “Yo puedo ser una exportadora de banano y contratar a una compañía que alquila contenedores para hacer un envío de banano a Rumania, esa misma compañía delega a alguien que se haga responsable de esa carga. Muchas personas están involucradas, por ejemplo, el que mete la carga en el contenedor, un agente de Aduanas. La Fiscalía debe encontrar quién es el determinante y no siempre son los que están en el último acto. Es un tema que debe ser más analizado, no se puede imputar así por así”, concuerda un abogado que patrocinó a un arrestado por narcotráfico en Ecuador.


El fiscal especializado César Peña añade otro elemento: “El modus operandi de rusos o albaneses es que ponen a cualquiera de representante legal —de las exportadoras—, están usando adultos mayores, personas sin antecedentes y, si hay un decomiso, no hay elementos de vinculación”.


Lo corrobora el director de la Policía Antinarcóticos, cuando relata para esta investigación que han identificado que “extranjeros que vienen con dinero y bajo la fachada de inversionistas, compran exportadoras con cierto nivel histórico de exportación bastante considerable” y eligen el banano por el volumen y las rutas.


Muestra de ello es lo ocurrido en 2013, cuando Adriatik Tresa, Nikolaos Gianokopolous y Petrov Ivanov fueron detenidos en un allanamiento por la investigación de lavado de activos, con más de 120 mil dólares en efectivo en una residencia del sector exclusivo de Samborondón, a pocos minutos de Guayaquil.


Tresa alegó que había llegado a Ecuador pocos días antes de su arresto. En el proceso consta que los tres declararon que iban a usar esa cantidad de dinero para comprar banano, calificarse como exportadores de la fruta y enviar “20 mil cajas semanales, para lo cual debían tener una garantía de 126 mil dólares que debían ser entregadas al Ministerio de Agricultura”. Los tres fueron liberados, pero Tresa no alcanzó a convertirse en un boyante exportador de banano. Fue asesinado en su casa con seis tiros de fusil, en el año 2020.


Las grietas en los controles para la exportación del banano, que permiten la existencia de fincas fantasma y la venta de cupos, según el fiscal, están armadas casualmente para eso. “De mano en mano se pierde un elefante”, refiere, a manera de metáfora.


“El representante legal dirá que no sabe y que todos sus documentos están en regla. Que los candados jamás fueron abiertos y que se le pregunte al chofer. El chofer dirá que jamás se detuvo en el camino. La compañía a la que se le compró el banano dirá que tienen actas de haber entregado todo en orden”, ilustra Peña.


Fiscales y policías especializados en Antinarcóticos conocen que las organizaciones narco criminales se valen de testaferros para registrarlos como responsables de los cargamentos o representantes legales de las compañías, pues su nombramiento dura cinco años.


Rastrear los vínculos familiares y comerciales de cada uno de los accionistas y representantes legales de las compañías en cuya carga se halló narcóticos, es “una tarea de pulpo porque hay que seguir a todos los tentáculos”, menciona el investigador Peña. Y aunque admite que la Fiscalía podría hacerlo de oficio, refiere que “es demorado”.


La investigación previa puede durar entre seis meses y dos años, para reunir pruebas y elementos de convicción, con el apoyo de la Policía.


Antinarcóticos aduce que los nombres de las empresas autorizadas para exportar banano que han sido señaladas por envíos recurrentes de droga podrían hacerse públicos solamente tras una sentencia.


La demora limita el ejercicio de la justicia. El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, que recoge datos de la Fiscalía de Ecuador, registra que solo el 15% de casos de narcotráfico llegó a sentencia entre 2019 y 2022.



Así, mientras los funcionarios involucrados se endosan las culpas, la inacción del Estado frente a la plaga que afecta al banano ecuatoriano deja la puerta abierta a los narcotraficantes para apropiarse del producto insignia del país.