En un comunicado emitido este 1 de agosto de 2022, el Ministerio de Finanzas dijo que Ecuador no ha sido notificado por las autoridades judiciales de Luxemburgo sobre la orden de congelamiento de las cuentas bancarias en ese país.
Ecuador debía pagar hasta julio de 2021 USD 391 millones a la petrolera, luego de que un fallo arbitral internacional dictaminara que el Estado había concluido ilegalmente los contratos petroleros con la empresa.
La misiva indica que «no se conoce de ninguna afectación a los activos del país en el extranjero» y aclaró que Ecuador «cumplirá con el laudo».
COMUNICADO | Caso #Perenco: Ecuador cumplirá con el laudo. El ministerio de @FinanzasEC no ha sido notificado por autoridades judiciales de #Luxemburgo y no se conoce de afectación a activos del país en el extranjero. ➡️ https://t.co/UaHpiVZiUa pic.twitter.com/qsxNUFiqGT
— Economía Finanzas Ec (@FinanzasEc) August 1, 2022
La retención habría sido ordenada por los jueces de Luxemburgo en ejecución del laudo, dictado el 12 de septiembre de 2014, por un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Este proceso arbitral se inició el 30 de abril de 2008, en el cual Perenco exigía originalmente el pago de USD 1.423 millones como reparación por el daño que alegaba haber sufrido a consecuencia de la adopción de la Ley No. 42 del 25 de abril de 2006.
En ese cuerpo legal se estableció una participación mínima del Estado equivalente a un 50% de los excedentes de los precios de venta de petróleo no pactados o no previstos; porcentaje que mediante el Decreto Ejecutivo No. 662 de 4 de octubre de 2007, dictado durante la administración del expresidente Rafael Correa, se incrementó al 99%.
El Tribunal Arbitral resolvió que dicho incremento equivalía a una confiscación y condenó al Estado ecuatoriano el pago de USD 374’ 373.154.
El Ministerio de Economía y Finanzas, acompañado de la Procuraduría General del Estado, continuará con el establecimiento del mecanismo de pago con la compañía Perenco.
Una vez hechos los pagos corresponderá a la PGE coordinar con las entidades públicas correspondientes el inicio de los juicios de repetición contra los funcionarios responsables de los actos por los cuales el Estado fue condenado internacionalmente.
